En 1899, el Vaticano nombró delegado apostólico al arzobispo Placide Louis Chapelle para que velara por los derechos y propiedades de la Iglesia católica en Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam. 

No fue fácil para los administradores territoriales de EE.UU. implantar la separación de iglesia y estado en sociedades con siglos de influencia católica. El capitán Richard P. Leary, primer gobernador naval oficial de Guam, tomó la controversial decisión de eliminar las fiestas religiosas públicas y deportar a los sacerdotes españoles. El arzobispo Chapelle reclamó que las órdenes de Leary contravenían las libertades religiosas bajo la Constitución de EE.UU. Ante esto, el mayor general Elwell S. Otis asignó al mayor general Joseph Wheeler para investigar las condiciones en Guam. El informe de Wheeler no ocasionó el regreso de los sacerdotes, pero el sucesor de Leary, Seaton Schroeder, restableció las celebraciones públicas.